lunes, 8 de enero de 2018

Charla en Laguna de Duero sobre Constitución y Nacionalismos

(artículo publicando en La Fragua en enero de 2018)

El pasado día 13 de diciembre  dentro  de los actos, que periódicamente organiza el ” Ateneo Sociocultural de Laguna de Duero”, se celebró una charla coloquio sobre un tema de candente actualidad en el seno de nuestra Sociedad, la necesidad o conveniencia de reformar nuestra Carta Magna, que se instituyó en  diciembre de 1978 y que enciende animados debates públicos , tanto en la calle como en los círculos políticos y que parece necesario sea acometido algún tipo de reforma en aras de actualizarla a las necesidades del momento y máxime en estos en los que el nacionalismo catalán enciende de manera muy virulenta a nuestra sociedad y de manera muy especial al pueblo catalán.
Para ello el Ateneo recabó la colaboración de una persona, joven y ampliamente formada y versada en estos temas constitucionales, el profesor D. Andrés Dueñas, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y con otros temas de máximo interés público y social.
 
Andrés en Graduado en Derecho por la Universidad de Valladolid y fue miembro de su claustro académico, Master en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha trabajado como Asesor parlamentario en las Cortes de Castilla y León para la formación política de  Podemos y en la actualidad es Profesor de Derecho Constitucional de la UVA e investigador pre-doctoral de la Junta de Castilla y León para la elaboración su tesis doctoral sobre el “Buen Gobierno y Ciudadanía en las Comunidades a Autónomas” y realiza investigaciones relacionadas con el revocatorio del mandato, el control al Gobierno o la participación en las CC.AA.. Con este bagaje académico,  Andrés nos introduce en la Constitución Española y en la necesidad de su Reforma, para darnos de su perspectiva de joven Investigador, técnico y de izquierdas, su visón de hacia a dónde va el actual modelo constitucional en la España de la Autonomías, ya que el debate en “la calle” enciende virulentas “batallas verbales” entre la ciudanía y es necesario reconducir dicho debate para que todo “el mundo” logre entender que sucede con el tema, muy candente de los nacionalismos, soberanismos e independentismos .
El público asistente a esta interesante charla, escuchó atentamente su discurso y posteriormente se entabló un animado e interesante debate y que el Ateneo tiene previsto convocar posteriores charlas para ampliarlo y sobre todo en el momento, no lo olvidemos, en el que sobre nuestra Carta Magna se ciernen “negros nubarrones” de potenciales reformas en mayor o menos profundidad, según los diferentes círculos de opinión y que, en definitiva todo parece anunciar que más pronto que tarde se acometerá ese trabajo por parte de nuestros representantes políticos y por la Sociedad Civil en general.
Para ilustrar y recordar lo comentado en la charla anexamos un resumen de la intervención del profesor D. Andrés Dueñas:
” La configuración del Estado en España a lo largo de los siglos XIX y XX siguió un camino autoritario y centralista a la vez. Sin embargo, la Constitución Española de 1931, salvando el precedente de la Constitución federal non nata de la I República, fue la primera experiencia descentralizadora que vivió nuestro país.
La Constitución de la II República reconoció por primera vez en nuestra historia constitucional autonomía a las regiones y nacionalidades que integran España, dentro de lo que se denominó como “Estado integral”. Ello fue la consecuencia del Pacto de San Sebastián de 17 de enero de 1930 entre los partidos nacionalistas catalanes y los partidos republicanos, donde estos últimos se comprometieron a otorgar un régimen de autogobierno a Cataluña, único lugar donde estuvo vigente un Estatuto de Autonomía durante la época republicana (aunque se llegó a aprobar el Estatuto Vasco y el proyecto del Estatuto de Galicia durante los años de la Guerra Civil).
La Constitución española de 1978, en lo que se refiere a su ordenación territorial, bebe, principalmente, de la experiencia republicana. Antes de que se aprobase, la autonomía aparecía ya en 1977 como un elemento decisivo para la consolidación de la democracia, como forma de aproximar las instituciones a los ciudadanos y manera de combatir el subdesarrollo propio del régimen anterior.
El pacto tras las primeras elecciones de 1977 entre Suárez y el President de la Generalitat en el exilio, Tarradellas, reconociendo singularidad propia a esta entidad administrativa incluso antes de la aprobación de la Constitución, conllevó que se generalizaran lo que se conoció como preautonomías. España se organizó en 15 entes preoautonómicos que, la mayoría de ellos, posteriormente, se concretarían en Comunidades Autónomas (a excepción de Madrid, La Rioja y Cantabria, que formaron, el primero, parte de la preautonomía de Castilla-La Mancha y, las segundas, de Castilla y León).
Es sabido por todos que uno de los elementos que causó más debate en nuestro proceso constituyente fue, precisamente, el elemento territorial. El resultado fue el consenso que se alcanzó en el complejo artículo 2 de la Constitución (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”) y un acuerdo de mínimos que consistió en cerrar únicamente de manera constitucional los problemas más inmediatos: aquellos lugares donde se habían plebiscitado Estatutos de Autonomía en el pasado, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia.
Fue en un momento postconstituyente cuando, primero en 1981 y, luego, en 1992, se acordó una homogeneización del procedimiento de descentralización autonómico. Los acuerdos entre UCD y PSOE de 1981 dieron como resultado que todas las Comunidades Autónomas pudieran tener Poder Legislativo propio y contar con una misma estructura institucional formada por una Asamblea Legislativa que elegiría al Presidente de la Comunidad, y un Consejo de Gobierno.
El segundo de los pactos, entre el PP y el PSOE, de 1992, trajo como consecuencia que todas las Comunidades Autónomas contasen, prácticamente, con las mismas competencias.
Todo lo anterior dio lugar a nuestro Estado actual de las autonomías. Alguna de sus principales características son, primero, el principio dispositivo, que quiere decir que la autonomía como tal no era una obligación que imponía nuestra Carta Magna, sino una posibilidad, un derecho que podían ejercer –o no- las regiones y nacionalidades, y que finalmente dispusieron. Otra es el contenido limitado de la autonomía, tanto para las propias Comunidades Autónomas como para el Estado. Para aquéllas porque no hay más autonomía que la que se reconoce dentro de la unidad de España y para éste porque no puede entrar dentro de las competencias que han asumido las Comunidades Autónomas (al igual que tampoco las Comunidades pueden legislar sobre las competencias exclusivas del Estado). Otra de las particularidades de la autonomía reconocida en nuestra Norma Fundamental a estas entidades es su contenido no necesariamente homogéneo. Es decir, aunque actualmente la mayoría de Comunidades Autónomas se parezcan mucho en sus competencias y organización institucional, podría haber sucedido otra cosa si los pactos políticos hubieran sido en otro sentido. Sin embargo, a pesar de ello, existen diferencias entre unas y otras, principalmente, porque en alguna de ellas existe lo que se conoce como hechos diferenciales, como puede ser la lengua, la insularidad, los derechos históricos o la despoblación.
En todo caso –aunque en la doctrina constitucionalista existe debate en torno a esta cuestión- no podemos caracterizar a España como un Estado federal. Entre otros motivos, en España nunca ha existido algún momento histórico donde haya habido soberanía dual, es decir, una soberanía compartida entre la Federación y los entes federados. Las regiones y nacionalidades nunca han sido soberanas.
Por otro lado, los Estatutos de Autonomía no son constituciones, no son normas de las Comunidades Autónomas, sino que son normas estatales aunque, efectivamente, sean la norma institucional básica de cada Comunidad. Pero, para su aprobación, ha de dar el visto bueno final el Congreso de los Diputados. Ello no ocurre en un Estado federal.









Asimismo, tampoco existe en nuestro país una dualidad organizativa perfecta, es decir, las Comunidades Autónomas no tienen los mismos poderes del Estado. Tienen Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, pero no cuentan con Poder Judicial, al contrario de lo que ocurre en un Estado Federal.
Lo mismo sucede con nuestro Senado. En él no están representadas las Comunidades Autónomas, como así sucede en el Senado estadounidense o en el Bundesrat alemán, donde están representados los Estados del país norteamericano y los Länder alemanes.
De todo lo escrito anteriormente se puede llegar a una serie de conclusiones. Pienso que, efectivamente, nuestro Estado autonómico es uno de los que reconoce mayor cuota de autogobierno a las Comunidades Autónomas, pero que no es un Estado federal en sentido estricto. Asimismo, me atrevo a afirmar que nuestro modelo de Estado de las autonomías ha sido un modelo exitoso, pero no es menos cierto que nos encontramos ante su mayor momento de debilidad, acarreado, principalmente (aunque no sólo) por lo que está sucediendo en Cataluña. Puede que los nacionalismos encontrasen un anclaje constitucional en 1978, pero parece que en algunos lugares de España ese pacto constitucional, si no está ya roto, cuelga de un hilo muy fino.
Por estas razones es imprescindible acometer una reforma constitucional y, en primer lugar, sentarse a dialogar sobre ello. A mi juicio, es importante avanzar en un sentido federalizante para lograr un Estado (republicano) federal español. Alguna propuesta que se podría tener en cuenta para comenzar esa reforma constitucional podría ser:
  • Un verdadero Senado de representación autonómica con competencias en materia legal que afecten al estado territorial y, en estas competencias, en igualdad de condiciones que el Congreso de los Diputados. A mi juicio, opto por la opción estadounidense de un Senado de elección directa para que esté dotado de la mayor legitimidad democrática posible.
  • Necesidad de que la Comunidades Autónomas puedan participar en el nombramiento de las personas que forman parte de los órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.
  • Regulación constitucional de la coordinación entre las Comunidades Autónomas y la de éstas con el Estado. Por ejemplo, constitucionalización de la Conferencia de Presidentes.
  • Mayor concreción del sistema de financiación territorial en la Constitución.
  • Cambio de naturaleza de los Estatutos de Autonomía para que pasen de ser Leyes Orgánicas del Estado a verdaderas Constituciones de las Comunidades Autónomas.
  • Cambio en el reparto de competencias, estableciendo una lista de competencias exclusivas del Estado y una cláusula residual a favor de las Comunidades Autónomas.
  • Reconocimiento de una dualidad organizativa perfecta, es decir, las Comunidades Autónomas han de tener Poder Judicial propio e, incluso, posibilidad de contar con una jurisdicción constitucional propia.
Carlos S. Fayt, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, escribía en 1958 que “en la Constitución debe contenerse la mayor suma de fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales e históricas que integran en unidad el orden social, ya que la no comprensión de las mismas produce una constante antinomia entre el texto y la vida real, que las torna, cuando no inaplicables, efímeras”. Para que no se produzca esas antinomias, tenemos el reto de, primero, sentarnos para observar cuáles pueden ser las medidas encaminadas para mejorar nuestra Constitución, tanto en el ámbito territorial, como en todos los demás. Esta es la tarea más urgente que tenemos por delante como sociedad.”

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Proporcionalidad y sensatez (III)

(Artículo publicado por Último Cero el 6 de diciembre de 2017)

He tenido la oportunidad de analizar someramente los dos anteriores autos, de la Audiencia Nacional primero, del Tribunal Supremo después, (de ahí el nombre de este nuevo texto) relacionados con los miembros del ex Govern y de la Mesa del Parlament.

Tras la asunción de la causa en su totalidad por el Tribunal Supremo, el juez Llarena ha dictado una nueva resolución en la cual se acordaba la prisión provisional sin fianza para los Jordis, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Mientras, los demás miembros del ex Govern ya están en libertad tras haber prestado la fianza de 100.000 euros para salir de prisión, aunque tendrán la obligación de comparecer semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña u otros que ellos mismos convengan y tienen prohibida la salida del territorio estatal, para lo cual se les ha retirado los pasaportes.

Caben dos lecturas muy rápidas que se extraen del pronunciamiento del juez Llarena. La primera, es claro que las medidas que había decretado la Audiencia Nacional eran muy poco proporcionales y de ahí esta nueva resolución que ha posibilitado la salida de prisión de varias de las personas encausadas. La segunda, llama la atención que no se haya tomado la misma decisión para todas ellas, aunque ya para los miembros de la Mesa del Parlament hubo un tratamiento diferenciado, en consonancia con su responsabilidad en la realización de los hechos que podrían llegar a ser delictivos.

Desde luego, el auto del Tribunal Supremo, haciendo una primera lectura del texto, es mucho más fundado y riguroso que el de la Audiencia Nacional, pero quiero llamar la atención sobre ciertos pronunciamientos que rayan lo político.

Para justificar que puede haber un delito de rebelión (donde ha de mediar violencia) y, además, posible reiteración delictiva, se argumenta la existencia de un documento denominado Enfocats en el cual se aludía a que “como último recurso deberá generarse un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano”, añadiéndose que “se ha de comenzar de una manera lo más conservadora posible y se habrá de ir incrementando el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado”. Asimismo, el juez instructor coincide con los demandados en que el civismo acompañó a los manifestantes que apoyaban la independencia, pero además también afirma que “se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos, que reflejaban el violento germen que arriesgaba a expandirse”, hechos liderados por los Jordis.

La anterior argumentación parece ser más política que jurídica. De nuevo se enjuicia bajo unos parámetros de un documento político y se le da más fuerza a éste que a la declaración de los investigados, que han dicho que acataban la aplicación del art. 155 CE y que, aun sin renunciar al objetivo de la independencia, su táctica sería distinta y siempre bajo los cánones legales y constitucionales. Asimismo, se da más importancia a unos hechos aislados violentos que a la generalidad del pacifismo que imperó durante las movilizaciones. Es como si se quisiera generalizar los actos violentos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (que, efectivamente, los hubo), pero no fue la actuación general de estos Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre. Incluso, más adelante, se realiza una afirmación, cuanto menos, sorprendente, en la que parece que se responsabiliza a las personas procesadas de los actos violentos protagonizados por Policía y Guardia Civil porque lideraron manifestaciones en las que se “constituyeron murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo recular en ocasiones a los cuerpos policiales (…) o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo”. A mi juicio, estas son afirmaciones más subjetivas que objetivas. De la misma forma se dice que “aunque la mayor parte de los ciudadanos reunidos iban a actuar únicamente impulsados por su convencimiento ideológico y que estarían firmemente comprometidos con evitar cualquier tipo de agresión o violencia, se iban a infiltrar necesariamente numerosos comportamientos agresivos”. Algo, de nuevo, más bien subjetivo.

Además, también se alega como elemento para diferenciar la decisión del auto, que los Jordis, Oriol Junqueras y Joaquin Forn lideraron estas movilizaciones por formar parte del Comité Estratégico que mencionaba el documento Enfocats y que, por tanto, -al igual que sucedía con la Presidenta del Parlament- tienen una posición de mayor responsabilidad que el resto de investigados.

Por todo lo anterior, se afirma que puede existir riesgo de reiteración delictiva y que, debido a la gravedad de los hechos, “se exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real” para que a estas personas se les pueda modificar las medidas cautelares de prisión provisional sin fianza.

Pienso que, si bien es cierto que parto de la base de que el auto del juez Llarena es mucho más fundado en Derecho, en estos aspectos se equivoca y realiza un juicio más subjetivo que objetivo, errando en la decisión final sobre las personas que aún siguen en prisión.

Desde una visión ya más política, desde luego, esta decisión dificulta la campaña de las elecciones catalanas que, ya de por sí, por cómo se han convocado, son anómalas. El hecho de que varias personas candidatas estén en prisión no es bueno para la democracia. Creo que existen medidas más proporcionales, como las que se han dictado para los demás miembros del ex Govern y de la Mesa del Parlament, que permitirían un escenario de mayor normalidad tan necesario para las elecciones del 21-D en Cataluña.


Proporcionalidad y sensatez (II)

(Artículo publicado por La Voz del Sur el 11 de noviembre de 2017) 

Hace unos días comenté el, a mi juicio, desafortunado auto de la Audiencia Nacional que había decretado la prisión provisional de los ex Consellers del Govern de Cataluña, de una forma desproporcionada.

Este jueves hemos conocido la decisión del Tribunal Supremo sobre los miembros de la Mesa del Parlament, donde se priva de la libertad a la Presidenta, aunque con fianza, y contiene pronunciamientos diferentes para los otros encausados.

Haciendo una primera lectura de este auto se pueden ver claramente las diferencias con el de la jueza Lamela, en un intento por apuntar y aclarar jurídicamente las medidas tomadas con arreglo a criterios que, aunque algunos son discutibles, desde luego son mucho más fundados.

En primer lugar, y antes de entrar en el fondo del auto, hay que señalar que, en este caso, sí que se admitió la petición de la defensa de aplazamiento de las declaraciones debido a una posible indefensión de los acusados, debido a que tan sólo habían pasado 24 horas desde la recepción de la citación hasta el momento de declarar. Es algo que no sucedió en la Audiencia Nacional y que, desde luego, podría suponer una vulneración del derecho de defensa.

Quiero apuntar en este artículo algunas de las diferencias que me parecen fundamentales para entender la importancia a la hora de aplicar el Derecho por parte de nuestros Tribunales. Primero, en lugar de usar como parámetro de enjuiciabilidad los programas de los partidos políticos independentistas, el auto se refiere a las distintas resoluciones y leyes aprobadas por el Parlament y la actitud ante ellas en sede parlamentaria de cada uno de los acusados como hechos significativos a la hora de valorar qué medidas se han de tomar. En este sentido, pone de manifiesto que, principalmente, y como máxima responsable, la Presidenta del Parlament desoyó los dictados del Tribunal Constitucional en varias ocasiones, cuando éste declaró inconstitucionales varias resoluciones que declaraban la soberanía de Cataluña (algo imposible en nuestra Constitución, una Comunidad Autónoma no es soberana) y, además, dio por válidas las leyes que daban soporte jurídico al llamado referéndum y la Ley de Transitoriedad. Además, no está de más recordar que estas leyes fueron aprobadas de una manera opaca y sin respetar los derechos de las minorías parlamentarias como ha de hacerse en cualquier democracia. 

Es cierto, sin embargo, que también se hace referencia a algunos documentos de naturaleza política de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña para observar si existe cumplimiento del tipo delictivo del delito de rebelión, que exige un alzamiento público y violento. Antes de ello, el Tribunal Supremo se refiere a la imposibilidad de poder negociar un referéndum pactado con el Estado porque está fuera de la Constitución, algo con lo que no estoy de acuerdo. He tenido ocasión de escribir en varias ocasiones que pienso que se puede llevar a cabo a través, entre otras posibilidades, de una propuesta de reforma de la Constitución que propusiera el Parlament que se sometiera a referéndum consultivo sobre la base del artículo 92 de la Constitución.

Como decía, sí que se hace referencia a estos documentos para investigar si las movilizaciones ciudadanas a las que se hace alusión en ellos sirvieron como instrumento a las autoridades investigadas para cumplir el requisito de alzamiento violento. A diferencia de lo que sucede en la sede de la Audiencia Nacional, donde el auto lo da por hecho sin mucha más justificación, el Tribunal Supremo explica que pueden existir indicios de ello, aunque no lo da por supuesto, explicando que es algo que se deberá valorar posteriormente en el trámite del proceso. Literalmente se dice que “resulta evidente que el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron ante los numerosos llamamientos que recibieron, aunque la querella destaca los numerosos vestigios que existen de que se infiltraron muchos comportamientos agresivos”. Aunque yo no estoy de acuerdo en los querellados se hicieran valer de las movilizaciones como para entender que se haya cumplido el tipo delictivo, es de señalar la diferente proporcionalidad que usan uno y otro Tribunal, siendo mucho más precavido el Tribunal Supremo en este sentido. Además, dice textualmente que es legítimo el apoyo de los ciudadanos a una idea de independencia, algo que parece, en ocasiones, poner en duda la Audiencia Nacional.

Asimismo, motiva el riesgo de fuga de los encausados, debido a la relevancia de la gravedad del delito y de la pena, aunque ello no puede operar de manera igual para cada uno. En ese sentido, para el miembro de Catalunua Sí que Es Pot, Joan Josep Nuet, dice que en ningún caso votó a favor de ninguna de las resoluciones que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales posteriormente, sino que sólo votó a favor de su admisión a trámite en la Mesa para que se pudieran debatir en sede parlamentaria, pero siempre dentro de los cauces legales y constitucionales.

Algo que no ocurrió con la Presidenta del Parlament, que el Tribunal Supremo alega que es quien actuó principalmente en esta causa y que “el liderazgo que ha ostentado en cada una de las fases del proceso, aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional, que no es comparable con la que puede atribuirse a la mayor parte del resto de partícipes”. Por eso, para ella, el riesgo de fuga es mayor que para los demás.

Además, esgrime que los querellados no han “podido adoptar actuaciones o decisiones –individuales o colegiadas-, que estuvieran orientadas a la hipotética destrucción de los vestigios derivados de su participación”, esto es, a la destrucción de pruebas. Así, resulta aún más sorprendente la actitud de la Audiencia Nacional en este sentido, dado que los miembros de la Mesa sí que siguen en sus responsabilidades, a diferencia de lo que sucede con los ex miembros del Govern, por lo que cabría esperar que el razonamiento fuese diferente.


En definitiva, por los motivos anteriores, a Carme Forcadell se le impone la medida de prisión provisional, eludible con prestación de fianza de 150.000€, a Joan Josep Nuet se le deja en libertad provisional y a los demás se les impone la medida de libertad provisional con fianza de 25.000€. La Audiencia Nacional dictaminó prisión provisional sin fianza parta todos los querellados. Se puede estar en desacuerdo con las medidas, pero, desde luego, estas parecen mucho más sensatas, proporcionales y ajustadas a Derecho que las de los miembros del ex Govern. 

martes, 7 de noviembre de 2017

La moción de censura, ¿es realmente un mecanismo de control al Gobierno?

(Artículo publicado el 30 de mayo de 2017 en La Voz del Sur junto con Daniel Jove)

Muy lejos queda ya Montesquieu, quien teorizó sobre la división de poderes entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Las dos funciones que correspondían al primero eran la elaboración de las leyes y el control a un Ejecutivo que, hasta entonces, en manos del Monarca, había tenido un poder desmedido. Muchas cosas han cambiado desde las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Probablemente el propio Montesquieu no entendería en qué se ha convertido la división de poderes actual, donde el principal protagonista en la elaboración de las leyes ha pasado a ser el Ejecutivo, en vez del Legislativo. El Parlamento ha quedado relegado a un segundo plano siendo ahora su principal cometido el control del Gobierno.
Mucho se está hablando sobre la moción de censura propuesta desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hay que explicar que nuestra forma de gobierno es parlamentaria, lo que quiere decir que, a diferencia de los sistemas presidencialistas, como Estados Unidos, el Presidente del Gobierno obtiene la confianza del propio Parlamento (en nuestro caso solo del Congreso de los Diputados, ya que el Senado no participa en la investidura del Presidente), no de manera directa de la ciudadanía. A pesar de esto, nuestro sistema parece caminar hacia una cierta presidencialización, debido al gran poder que el gobierno, y el presidente a su cabeza, acumulan en la actualidad (hasta el punto de que constitucionalistas de reconocido prestigio, como Manuel Aragón, hablan de que nuestra forma de gobierno es, más bien, un “parlamentarismo presidencialista”).
Además, España es un sistema parlamentario racionalizado. Ello quiere decir que se dota de instrumentos para favorecer Gobiernos estables, que no se vean amenazados por una oposición que pueda derrocarlos fácilmente. Uno de los instrumentos característicos del control extraordinario al Gobierno, en este tipo de regímenes, es la moción de censura constructiva.
El artículo 113 de la Constitución exige que, para presentar una moción de censura, se haya de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno alternativo y, para que sea aprobada, se deberá contar con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. En ese caso, será investido como Presidente el candidato propuesto en dicha moción.
Esta regulación hace que sea muy complicado que prospere una iniciativa de dichas características, aunque es cierto que puede favorecer políticamente –o no- al candidato propuesto (como sucedió con Felipe González en su “duelo” con Adolfo Suárez, pero no así en el caso de Hernández Mancha en el debate con Felipe González, las dos únicas mociones de censura que se han presentado hasta la fecha). Además, puede parecer que son dos debates distintos los cuales se someten a consideración en una moción de censura de este tipo: por un lado, la conveniencia en destituir al Presidente del Gobierno actual y, por otro, la posibilidad de investir a uno nuevo. Entonces, ¿por qué no separarlos? Puede que exista un consenso en la oposición en remover al Presidente del Gobierno en un momento dado, pero no en una figura de consenso que lo releve, o en el programa político a aplicar. De esta manera, se desvirtúa un instrumento de control tan potente como éste, favoreciendo, una vez más, al Gobierno, por encima de donde radica la representación de la soberanía popular, que son las Cortes Generales, Congreso y Senado.
Sería recomendable que, en una futura propuesta de reforma constitucional, se observasen dichas consideraciones para reformar la institución de la moción de censura constructiva presente en nuestra Constitución. La sociedad española ha madurado. Ha llegado la hora de dar al Parlamento el protagonismo que se merece y que sea éste, y no el Presidente ni el Ejecutivo, en torno al cual gravite el centro de la política española.
Por un lado, se debería someter, en primer lugar, el debate sobre la oportunidad política de remover al Presidente al cual se somete a una moción para, posteriormente, activar el procedimiento de investidura de un nuevo Presidente. En el caso de que no se llegase a un acuerdo en este último proceso, a quien se debería preguntar de nuevo sería al electorado, es decir, habría de celebrarse elecciones generales anticipadas para elegir la composición de un nuevo Congreso y Senado y elegir a un nuevo Presidente del Gobierno que sustituyera al anterior removido por la moción de censura. De esta forma, se evitarían sinsentidos como la propuesta que hace unos meses estuvo sobre la palestra en Murcia, donde se planteaba utilizar la moción de censura para nombrar un Gobierno cuya única función sería la convocatoria de elecciones. Tal proposición dejaba ver a las claras las carencias que este instrumento de control tiene y la necesidad de su reforma. Con esta medida el Parlamento ganaría mucha más importancia, y el Gobierno debería contar mucho más con él, favoreciendo el diálogo y la negociación con los Grupos Parlamentarios, algo muy olvidado, por desgracia, en nuestra –ya no tan joven- democracia.  

domingo, 5 de noviembre de 2017

Proporcionaliad y sensatez

(Artículo publicado en Último Cero el 4 de noviembre de 2017)

No hay duda alguna: la táctica independentista ha sido una estrategia en la cual, sin contar con la mayoría suficiente de apoyo ciudadano –y el parlamentario es discutible, porque ni siquiera alcanzaban el 60% de los escaños-, han atropellado los derechos de las minorías y usado su “rodillo” absoluto, tantas veces criticado cuando lo han utilizado otros en el ámbito estatal. Además de la inconstitucionalidad de las leyes que han pretendido sostener el “referéndum” del 1 de octubre y la “transición” hacia la república catalana, la actuación política de los partidos que apoyan el procés ha sido ilegítima y se han saltado todas las reglas de un Estado democrático y de Derecho, en lo que considero una errada táctica por su parte. Desde luego, tampoco se puede compartir la manera en la que ha actuado el Gobierno español, que ha permanecido impasible durante años sin resolver un problema que cada vez se hacía más grande, hasta llega al día de hoy.

Este artículo parte de la premisa anterior, pero quiero llamar la atención sobre algunos de los argumentos que más pueden llamar la atención del auto de la Magistrada Lamela por el cual ha acordado la prisión provisional del ex Vicepresident y varios ex Consellers del Govern de Cataluña.
Es difícil de explicar en pocas líneas los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para decretar la prisión provisional pero, muy resumidamente, entre ellos se encuentra que, con dicha medida, se pueda asegurar la presencia del investigado, evitar la ocultación o destrucción de pruebas o que aparezcan indicios suficientes por los cuales se pueda considerar culpable del delito por el que se le acusa al encausado.

Antes de entrar a ello, se puede discutir la posible lesión del derecho a una defensa, dado que, desde el momento de la citación hasta la declaración, apenas pasaron 24 horas. Un tiempo poco razonable para preparar una defensa sobre delitos tan graves como el de sedición, del que se acusa a estas personas. No creo que se pueda afirmar tan tajantemente que no se ha producido indefensión, como hace el auto al que me estoy refiriendo.

En cuanto a la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha dicho en varias ocasiones que se trata de una medida encaminada a prevenir la sustracción de la Administración de justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva. Como muy bien apunta la jueza, en este caso hay que ponderar dos intereses muy importantes en juego: la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado, y la realización de la Administración de la justicia penal, por otro.

Para que se cumpla el tipo penal de la sedición, el Código Penal exige que los posibles reos de este delito se alcen pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes. Es decir, se han de cumplir ambos requisitos, no sólo uno de ellos: que sea público y tumultuoso. 

En relación con lo anterior, en el auto se estima que existen motivos bastantes para estimar criminalmente a todos los encausados, debido a que existía una “ejecución de un plan preconcebido” para la independencia. Para sostener esta afirmación, se hace alusión constante a programas políticos, no sólo de partidos nacionalistas que defienden la independencia, sino de asociaciones como Ómnium y Asamblea Nacional Catalana, refiriéndose a varias sentencias del Tribunal Constitucional. Parece olvidar la jueza (¿deliberadamente?) que el propio máximo intérprete de la Constitución, en su sentencia 42/2014, dijo que el derecho a decidir era un fin perfectamente legítimo y que no iba en contra de la Constitución, siempre y cuando se reivindicara dentro de los cauces legales y constitucionales establecidos. En dicha sentencia se afirma que este derecho “no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el derecho a decidir”. Por tanto, siempre desde mi opinión, no se puede argumentar para tomar una medida tan grave que los partidos nacionalistas y otras asociaciones tenían un programa en el cual se incluía la consecución de una Cataluña independiente, lisa y llanamente porque ello va en contra del derecho de libertad de expresión, como dice nuestro Tribunal Constitucional, y porque nuestra democracia no es una democracia militante y se puede reformar la Carta Magna en su totalidad. Cuestión distinta es que, luego, los independentistas hicieran caso omiso de las resoluciones del Tribunal Constitucional de septiembre de este año. Pero los programas o documentos políticos de un partido no pueden servir de parámetro de enjuiciabilidad.

Asimismo, se argumenta que se auspició a los “movimientos populares a crear un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado parar propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para permitir, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de las fines independentistas”. A parte de que esta no deja de ser una opinión marcadamente política, es, cuanto menos, sorprendente, que de la manifestación de una jueza se desprenda que no se pueden realizar movilizaciones que respalden fines que, aunque no estén previstos en la Constitución, se puedan alcanzar lícitamente. Por ejemplo, la mayoría de partidos políticos llevan en sus programas la reforma de la Constitución y se han organizado muchas reuniones y manifestaciones para solicitar esta reforma y no por ello es una actuación ilegal. A mayor abundamiento, incluso, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional ha reiterado que el mero hecho de organizar manifestaciones no es un motivo para prohibir su celebración y que prevalece el derecho de reunión y manifestación. Por eso mismo tampoco es razonable que, posteriormente, la jueza aluda al apoyo a la huelga realizada el 3 de octubre, porque es un derecho recogido en nuestra Constitución que se puede realizar por cualquier motivo.

En cuanto a la Declaración Unilateral de Independencia, se da por sentado que se declaró en la última sesión celebrada en el Parlament. Yo lo pongo en duda. Lo que se votó es una propuesta de resolución en la cual se instaba al Govern de Cataluña a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. Desde luego, esto es inconstitucional, dado que la ley ya se había declarado como tal; pero no se puede decir, a mi juicio, que esta sea una declaración de independencia cuando, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha manifestado que estas propuestas de indirizzo político no vinculan jurídicamente a ningún Poder estatal o autonómico, sino que simplemente son propuestas políticas y el no cumplimiento de éstas acarrea ese tipo de responsabilidades, nunca jurídicas. No hay, por tanto, una declaración solemne de independencia por parte del Parlament ni se promulga ninguna norma que lo haga.

Por último, y quizás lo más grave. Se argumenta que existe riesgo de fuga de los querellados debido a su poder adquisitivo y riesgo de destrucción de pruebas que ponga en riesgo el proceso. Me surgen varias preguntas. La primera: ¿cómo se puede sostener que existe riesgo de fuga cuando las personas que fueron a declarar a la Audiencia Nacional lo hicieron por su propia voluntad y existen otras que no acudieron? ¿No existen otras medidas menos lesivas, como la retirada de pasaporte, para que estas personas no puedan sustraerse a la acción de la justicia? ¿Unas personas que están vigiladas las 24 horas por los medios de comunicación tienen tan fácil huir? Sobre la destrucción de pruebas: si ya se está aplicando el artículo 155 de la Constitución y el propio Gobierno español ha dicho que no se había ofrecido resistencia por el Govern y ninguno de sus miembros se encuentran en sus anteriores responsabilidades, ¿cómo se pueden destruir pruebas? ¿No existen ya pruebas suficientes de que los independentistas no han cumplido los dictámenes del Tribunal Constitucional?

En definitiva, aunque esta sea una decisión de la justicia, sorprende que no se hayan tomado las mismas providencias para con los miembros de la Mesa del Parlament (que enjuicia el Tribunal Supremo). Políticamente no es muy sensato, dado que no hace sino fomentar un mayor apoyo a su causa que no vendrá nada bien para aquellos partidos que defienden la permanencia de Cataluña en España en las elecciones autonómicas de finales de diciembre. 

Pero, en todo caso, y para concluir, lo que es más preocupante es que organizaciones que protegen los Derechos Humanos como Amnistía Internacional hayan puesto su mirada en nuestro país para denunciar que dichas medidas son desproporcionadas y “constituyen restricciones excesivas en su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Solamente este hecho debería hacernos reflexionar sobre lo que está ocurriendo actualmente.


lunes, 2 de octubre de 2017

La errada táctica del independentismo catalán

(Artículo publicado en La Voz del Sur el 1-X-2017)

“Españolito que vienes al mundo te guarde Dios”. Estrofas de un andaluz, versionadas por un cantautor catalán. La mejor expresión de la riqueza cultural de los distintos pueblos que conforman nuestro país.
La II República logró conciliar las aspiraciones de los nacionalismos periféricos a través del llamado Estado integral, en el que se basó nuestro Estado autonómico de 1978. Sin embargo, el pacto constituyente de la Transición se ha roto en una parte del territorio.
Estoy firmemente convencido de que la mayoría de catalanes no quiere la independencia de España. Pero estoy más seguro aún de que sí que quieren poder mostrar sus preferencias a través de un referéndum. Probablemente la táctica del Gobierno de España no haya sido ni sea la mejor, pero la del independentismo catalán tampoco lo es.
No cabe duda de que el referéndum de este domingo (si se le puede llamar así) es no solo inconstitucional, sino también ilegítimo. Han sido los Grupos Parlamentarios nacionalistas (Junts per Sí y CUP), que cuentan con mayoría absoluta de escaños en el Parlament, pero no en número de votos, los que se han encargado de ello. Democracia no consiste sólo en votar, sino en respetar las reglas del Estado de Derecho y, sobre todo, los derechos de las minorías.
En España hemos vivido etapas de mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados donde toda la oposición criticaba el rodillo de los partidos políticos que apoyaban al Gobierno en sede parlamentaria. Críticas provenientes, precisamente, de partidos que no han sabido respetar a las minorías parlamentarias en su propia nación. No se puede “debatir” una ley en un solo día sin conocer previamente su texto e impidiendo a la oposición hacer enmiendas para poder mejorarlo. Desde luego, más allá de su inconstitucionalidad, las leyes que son base para el posible referéndum de este domingo tienen un vicio de legitimidad manifiesto que explicó perfectamente Coscubiela (que defiende el derecho a decidir) en su intervención en el Parlament.
Estamos escuchando constantemente que es imposible poder celebrar cualquier tipo de referéndum en Cataluña en el que se pueda preguntar a su población sobre su futuro. Sin embargo, niego la mayor. Existen fórmulas que posibilitan su realización dentro del marco constitucional de nuestro Estado.
El artículo 166 de nuestra Constitución permite a los Parlamentos Autonómicos proponer una reforma de la Constitución, que posteriormente se deberá someter a aprobación en las Cortes Generales. La Generalitat de Cataluña podría haber realizado esa propuesta en el Parlament, donde se sometiera a debate el derecho a decidir para la posible independencia de Cataluña. Una vez aprobada por los cauces establecidos (probablemente saliera adelante, si tenemos en cuenta que los Grupos Parlamentarios favorables a un referéndum pactado tienen mayoría cualificada en la Cámara), antes de elevarla a las Cortes Generales, podría haber solicitado al Gobierno de España la autorización para realizar un referéndum sobre esta propuesta de reforma constitucional para revestirla, así, de mayor legitimidad democrática –siempre que votasen a favor de ella una mayoría de catalanes-.
En ningún caso se puede someter a referéndum de manera unilateral por parte de un Gobierno autonómico cualquier decisión de especial trascendencia, dado que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la celebración de este tipo de consultas populares. Pero, ¿qué argumentos podría haber dado el Gobierno de España para impedir un referéndum totalmente legítimo y legal que solicita un Gobierno autonómico, en este caso el catalán, para someter a consulta algo de lo que es competente el Parlament? Si se negase es muy probable que los partidos nacionalistas hubieran obtenido aún más apoyo popular.
Quizás la táctica de los independentistas catalanes sea otra y prefieran una vía de insurrección que no hace más que polarizar aún más a la sociedad catalana, algo que no hace ningún bien a nadie. Excepto al Gobierno del PP, el más corrupto de la historia de España, porque, ante momentos de inestabilidad y de –esperemos que no- violencia, siempre se va a preferir la opción más conservadora, a pesar de su manifiesta incapacidad para ofrecer soluciones distintas al enquistamiento de los problemas.
En todo caso, tanto el Gobierno catalán como el español son incapaces de ceder un ápice en sus aspiraciones y, ya no digamos, de poner el diálogo y la política por encima de sus intereses personales. Es lo que está pidiendo a voces el pueblo catalán y, también, el resto de pueblo español. Finalmente, y focalizándonos en este domingo, es necesario llamar a llamar a la calma, el sosiego y la proporcionalidad. ¿Se respetará?

El tío Luis

(Artículo publicado en Último Cero el 23-VI-2016)

El siguiente artículo es la transcripción del discurso que realicé en el acto de la candidatura de Unidos Podemos el sábado 18 de junio en la plaza de la Universidad, junto a Juan Carlos Monedero, Irene Montero, Pablo Fernández, Juanma del Olmo y Rocío Anguita.
“Hoy quiero homenajear a mi tío Luis y a todas aquellas personas que como él, castellanas y leonesas, apostaron por su tierra y que nunca la abandonaron. Estaba enamorado de su pueblo, Guardo, municipio minero de la Montaña Palentina, una comarca que ha sido de las más castigadas, no sólo por la crisis económica, sino por la despoblación y el exilio económico. El decidió batallar y poder labrarse un futuro allí. De cuatro hermanos, tan sólo dos pudieron quedarse en Guardo, uno de ellos era Luis, los otros dos se vieron obligados a emigrar para poder tener un trabajo digno.
Mi tío ha sido una de tantas personas en este país que comenzó a trabajar muy joven, a los 18 años, porque su familia, como tantas otras, no se podía permitir pagar un estudio a cada uno de sus hijos. El arrimó el hombro y ayudó a costear las carreras universitarias de cada uno de sus hermanos. Comenzó, como cualquier joven, detrás de la barra de un bar, y luego montó su propio negocio.
Mi tío era trabajador del hierro. Ha sido uno de esos autónomos que tanto les ha costado sacar su trabajo adelante. Se dedicaba, junto a su hijo, a hacer esculturas y muebles de cerámica y forja. Él era el quien abría las puertas de su taller a las nueve de la mañana y las cerraba a las nueve de la noche.
Mi tío fue uno de esos trabajadores y trabajadoras con empleos tan duros físicamente, que no le han dado ni siquiera la oportunidad de disfrutar de la pensión que tanto ansiaba en el momento de su jubilación. Lo único que tenía en la cabeza era dejar paso a su hijo en un negocio que por fin le estaban empezando a reconocer después de pasar muchos años invirtiendo y pidiendo dinero a los bancos para poder salir adelante porque, de otra forma, era imposible que pudieran pagar, tan solo, los costes de producción.
Mi tío era una de esas personas que, a pesar de haber cotizado casi 40 años a la Seguridad Social, nuestro país no le dio la oportunidad de disfrutar de su tan merecida pensión. Efectivamente, estaba pensando en la jubilación porque, como tantos autónomos y autónomas, tenía una lesión en la espalda que le obligaba a estar de baja sin ningún tipo de prestación a cambio. Y, aunque pensara en la jubilación, se quería jubilar con iniciativas, y quería regentar una pequeña casa rural, apostando de nuevo por su comarca, la Montaña Palentina, para poder tener unos ingresos superiores que le permitieran vivir dignamente junto con la pensión tan raquítica que le iba a quedar por jubilarse a los 60 años a pesar de haber cotizado más de 40.
Mi tío ha sido una de esas personas que, a pesar de que nuestro país le debía un descanso, no le han permitido disfrutarlo. Mi tío falleció el pasado sábado a los 56 años de edad. Hace una semana tuvo un infarto que fue como el disparo de una bala directo a su corazón.
Por desgracia, la comarca de Guardo, de unos 15.000 habitantes, a pesar de que el Gobierno de la Junta, del mismo color que el del Ayuntamiento, lo lleva años prometiendo, aún no cuenta con una UVI móvil. Esa UVI móvil se tuvo que trasladar desde Palencia, a más de una hora de distancia, y llegó demasiado tarde. Los profesionales del centro de salud lograron reanimarlo y los médicos de cardiología del hospital Clínico de Valladolid hicieron todo lo posible por traerlo de nuevo con nosotros, pero su cuerpo no pudo recomponerse de esa bala perdida del destino que cayó en el corazón de mi tío Luis.
Pero hoy no sólo quiero homenajear al tío Luis, sino a todos esos Luises, Fernandos, Marías, Lucías, Arturos, Elenas, a todas esas personas que, como a mi tío, nuestro país les debe un reconocimiento que nunca han tenido. Independientemente de ideologías y de propuestas políticas, no puede ser que la gente que viva en nuestros pueblos lo haga con miedo a sufrir una enfermedad y que una UVI móvil no llegue a tiempo y pierdan la vida de camino al hospital; no puede ser que nuestros autónomos y autónomas no tengan una seguridad social que les permita vivir dignamente, como el resto de trabajadores y trabajadoras; no puede ser que los trabajadores y trabajadoras, que tanto han hecho por el país y que tantos años han cotizado, no puedan disfrutar de una jubilación digna porque, directamente, se mueren antes de poder hacerlo.
Sirva de ejemplo el de mi tío para homenajear a todas aquellas personas que permiten que este país salga adelante, que es toda aquella gente trabajadora que sigue abriendo las persianas de sus negocios a las nueve de la mañana o que acude a su puesto de trabajo de ocho horas diarias donde cobran 600€ a final de mes para poder pagar la universidad de sus hijos, a pesar de los efectos de esta crisis económica tan devastadora, generada por la especulación y por la avaricia de aquellos que quieren destrozarnos como humanidad, que quieren sesgarnos la vida a golpe de reformas, que quieren martillarnos como a clavos en la pared del paro.
Ni el tío Luis ni ninguna otra persona se merece que vivamos más con miedo por no tener una UVI móvil cerca de nosotros que nos traslade al hospital, por no tener cobertura en la seguridad social en caso de que nos pongamos enfermos o por tener que aguantar condiciones leoninas de los bancos para que nos financien nuestros proyectos en vez de tener una banca pública que apueste por la dinamización de unas comarcas, como las mineras, que han sido descuartizadas debido a las políticas de los Gobiernos que nos han precedido. Mi tío Luis, por desgracia, ha sido una víctima más del sistema que hemos tenido hasta ahora.
A toda esta gente nos debemos, a la mayoría social de este país. Porque lo único que pretendemos es poner nuestro granito de arena para hacer la vida de la mayoría de la gente un poquito más sencilla y, sobre todo, hacerla más digna. Porque lo único que queremos es que, por fin, tengamos un Gobierno que haga políticas para su gente. Porque nuestros pueblos se merecen una UVI móvil, nuestros trabajadores y autónomos se merecen ser tratados con dignidad y nos merecemos una jubilación cuando nuestro cuerpo ya diga basta y no da para más.
Yo no estoy dispuesto a que haya ninguna víctima más de este sistema. Y por eso he asumido esta responsabilidad, que considero histórica, que es la de poder representar los intereses de la ciudadanía española, de la ciudadanía vallisoletana en este caso, en el Senado. Porque quiero poner mi granito de arena para poder hacer un poquito más fácil la vida a las personas que tan mal lo están pasando y que tanto se merecen que, por fin, las tratemos con dignidad. En el Senado, como la verdadera Cámara de representación territorial que ha de ser, precisamente, buscamos eso: la igualdad de oportunidades en todos los territorios, especialmente en el mundo rural, evitar la despoblación; hacer del derecho a la vivienda digna un derecho fundamental. Sin el Senado, esto, es imposible, y por eso es tan importante votar no solo al Congreso sino también a los tres candidatos de Unidos Podemos al Senado.
En las próximas elecciones, diremos a aquellos que tan mal nos lo han hecho pasar que nunca más un país sin su gente; y que no tienen derecho a que sigamos viviendo con miedo, porque ese miedo, se ha transformado en esperanza de cambio que el 26 de junio, por fin, llegará a las instituciones”.