martes, 7 de noviembre de 2017

La moción de censura, ¿es realmente un mecanismo de control al Gobierno?

(Artículo publicado el 30 de mayo de 2017 en La Voz del Sur junto con Daniel Jove)

Muy lejos queda ya Montesquieu, quien teorizó sobre la división de poderes entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Las dos funciones que correspondían al primero eran la elaboración de las leyes y el control a un Ejecutivo que, hasta entonces, en manos del Monarca, había tenido un poder desmedido. Muchas cosas han cambiado desde las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Probablemente el propio Montesquieu no entendería en qué se ha convertido la división de poderes actual, donde el principal protagonista en la elaboración de las leyes ha pasado a ser el Ejecutivo, en vez del Legislativo. El Parlamento ha quedado relegado a un segundo plano siendo ahora su principal cometido el control del Gobierno.
Mucho se está hablando sobre la moción de censura propuesta desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hay que explicar que nuestra forma de gobierno es parlamentaria, lo que quiere decir que, a diferencia de los sistemas presidencialistas, como Estados Unidos, el Presidente del Gobierno obtiene la confianza del propio Parlamento (en nuestro caso solo del Congreso de los Diputados, ya que el Senado no participa en la investidura del Presidente), no de manera directa de la ciudadanía. A pesar de esto, nuestro sistema parece caminar hacia una cierta presidencialización, debido al gran poder que el gobierno, y el presidente a su cabeza, acumulan en la actualidad (hasta el punto de que constitucionalistas de reconocido prestigio, como Manuel Aragón, hablan de que nuestra forma de gobierno es, más bien, un “parlamentarismo presidencialista”).
Además, España es un sistema parlamentario racionalizado. Ello quiere decir que se dota de instrumentos para favorecer Gobiernos estables, que no se vean amenazados por una oposición que pueda derrocarlos fácilmente. Uno de los instrumentos característicos del control extraordinario al Gobierno, en este tipo de regímenes, es la moción de censura constructiva.
El artículo 113 de la Constitución exige que, para presentar una moción de censura, se haya de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno alternativo y, para que sea aprobada, se deberá contar con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. En ese caso, será investido como Presidente el candidato propuesto en dicha moción.
Esta regulación hace que sea muy complicado que prospere una iniciativa de dichas características, aunque es cierto que puede favorecer políticamente –o no- al candidato propuesto (como sucedió con Felipe González en su “duelo” con Adolfo Suárez, pero no así en el caso de Hernández Mancha en el debate con Felipe González, las dos únicas mociones de censura que se han presentado hasta la fecha). Además, puede parecer que son dos debates distintos los cuales se someten a consideración en una moción de censura de este tipo: por un lado, la conveniencia en destituir al Presidente del Gobierno actual y, por otro, la posibilidad de investir a uno nuevo. Entonces, ¿por qué no separarlos? Puede que exista un consenso en la oposición en remover al Presidente del Gobierno en un momento dado, pero no en una figura de consenso que lo releve, o en el programa político a aplicar. De esta manera, se desvirtúa un instrumento de control tan potente como éste, favoreciendo, una vez más, al Gobierno, por encima de donde radica la representación de la soberanía popular, que son las Cortes Generales, Congreso y Senado.
Sería recomendable que, en una futura propuesta de reforma constitucional, se observasen dichas consideraciones para reformar la institución de la moción de censura constructiva presente en nuestra Constitución. La sociedad española ha madurado. Ha llegado la hora de dar al Parlamento el protagonismo que se merece y que sea éste, y no el Presidente ni el Ejecutivo, en torno al cual gravite el centro de la política española.
Por un lado, se debería someter, en primer lugar, el debate sobre la oportunidad política de remover al Presidente al cual se somete a una moción para, posteriormente, activar el procedimiento de investidura de un nuevo Presidente. En el caso de que no se llegase a un acuerdo en este último proceso, a quien se debería preguntar de nuevo sería al electorado, es decir, habría de celebrarse elecciones generales anticipadas para elegir la composición de un nuevo Congreso y Senado y elegir a un nuevo Presidente del Gobierno que sustituyera al anterior removido por la moción de censura. De esta forma, se evitarían sinsentidos como la propuesta que hace unos meses estuvo sobre la palestra en Murcia, donde se planteaba utilizar la moción de censura para nombrar un Gobierno cuya única función sería la convocatoria de elecciones. Tal proposición dejaba ver a las claras las carencias que este instrumento de control tiene y la necesidad de su reforma. Con esta medida el Parlamento ganaría mucha más importancia, y el Gobierno debería contar mucho más con él, favoreciendo el diálogo y la negociación con los Grupos Parlamentarios, algo muy olvidado, por desgracia, en nuestra –ya no tan joven- democracia.  

domingo, 5 de noviembre de 2017

Proporcionaliad y sensatez

(Artículo publicado en Último Cero el 4 de noviembre de 2017)

No hay duda alguna: la táctica independentista ha sido una estrategia en la cual, sin contar con la mayoría suficiente de apoyo ciudadano –y el parlamentario es discutible, porque ni siquiera alcanzaban el 60% de los escaños-, han atropellado los derechos de las minorías y usado su “rodillo” absoluto, tantas veces criticado cuando lo han utilizado otros en el ámbito estatal. Además de la inconstitucionalidad de las leyes que han pretendido sostener el “referéndum” del 1 de octubre y la “transición” hacia la república catalana, la actuación política de los partidos que apoyan el procés ha sido ilegítima y se han saltado todas las reglas de un Estado democrático y de Derecho, en lo que considero una errada táctica por su parte. Desde luego, tampoco se puede compartir la manera en la que ha actuado el Gobierno español, que ha permanecido impasible durante años sin resolver un problema que cada vez se hacía más grande, hasta llega al día de hoy.

Este artículo parte de la premisa anterior, pero quiero llamar la atención sobre algunos de los argumentos que más pueden llamar la atención del auto de la Magistrada Lamela por el cual ha acordado la prisión provisional del ex Vicepresident y varios ex Consellers del Govern de Cataluña.
Es difícil de explicar en pocas líneas los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para decretar la prisión provisional pero, muy resumidamente, entre ellos se encuentra que, con dicha medida, se pueda asegurar la presencia del investigado, evitar la ocultación o destrucción de pruebas o que aparezcan indicios suficientes por los cuales se pueda considerar culpable del delito por el que se le acusa al encausado.

Antes de entrar a ello, se puede discutir la posible lesión del derecho a una defensa, dado que, desde el momento de la citación hasta la declaración, apenas pasaron 24 horas. Un tiempo poco razonable para preparar una defensa sobre delitos tan graves como el de sedición, del que se acusa a estas personas. No creo que se pueda afirmar tan tajantemente que no se ha producido indefensión, como hace el auto al que me estoy refiriendo.

En cuanto a la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha dicho en varias ocasiones que se trata de una medida encaminada a prevenir la sustracción de la Administración de justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva. Como muy bien apunta la jueza, en este caso hay que ponderar dos intereses muy importantes en juego: la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado, y la realización de la Administración de la justicia penal, por otro.

Para que se cumpla el tipo penal de la sedición, el Código Penal exige que los posibles reos de este delito se alcen pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes. Es decir, se han de cumplir ambos requisitos, no sólo uno de ellos: que sea público y tumultuoso. 

En relación con lo anterior, en el auto se estima que existen motivos bastantes para estimar criminalmente a todos los encausados, debido a que existía una “ejecución de un plan preconcebido” para la independencia. Para sostener esta afirmación, se hace alusión constante a programas políticos, no sólo de partidos nacionalistas que defienden la independencia, sino de asociaciones como Ómnium y Asamblea Nacional Catalana, refiriéndose a varias sentencias del Tribunal Constitucional. Parece olvidar la jueza (¿deliberadamente?) que el propio máximo intérprete de la Constitución, en su sentencia 42/2014, dijo que el derecho a decidir era un fin perfectamente legítimo y que no iba en contra de la Constitución, siempre y cuando se reivindicara dentro de los cauces legales y constitucionales establecidos. En dicha sentencia se afirma que este derecho “no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el derecho a decidir”. Por tanto, siempre desde mi opinión, no se puede argumentar para tomar una medida tan grave que los partidos nacionalistas y otras asociaciones tenían un programa en el cual se incluía la consecución de una Cataluña independiente, lisa y llanamente porque ello va en contra del derecho de libertad de expresión, como dice nuestro Tribunal Constitucional, y porque nuestra democracia no es una democracia militante y se puede reformar la Carta Magna en su totalidad. Cuestión distinta es que, luego, los independentistas hicieran caso omiso de las resoluciones del Tribunal Constitucional de septiembre de este año. Pero los programas o documentos políticos de un partido no pueden servir de parámetro de enjuiciabilidad.

Asimismo, se argumenta que se auspició a los “movimientos populares a crear un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado parar propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para permitir, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de las fines independentistas”. A parte de que esta no deja de ser una opinión marcadamente política, es, cuanto menos, sorprendente, que de la manifestación de una jueza se desprenda que no se pueden realizar movilizaciones que respalden fines que, aunque no estén previstos en la Constitución, se puedan alcanzar lícitamente. Por ejemplo, la mayoría de partidos políticos llevan en sus programas la reforma de la Constitución y se han organizado muchas reuniones y manifestaciones para solicitar esta reforma y no por ello es una actuación ilegal. A mayor abundamiento, incluso, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional ha reiterado que el mero hecho de organizar manifestaciones no es un motivo para prohibir su celebración y que prevalece el derecho de reunión y manifestación. Por eso mismo tampoco es razonable que, posteriormente, la jueza aluda al apoyo a la huelga realizada el 3 de octubre, porque es un derecho recogido en nuestra Constitución que se puede realizar por cualquier motivo.

En cuanto a la Declaración Unilateral de Independencia, se da por sentado que se declaró en la última sesión celebrada en el Parlament. Yo lo pongo en duda. Lo que se votó es una propuesta de resolución en la cual se instaba al Govern de Cataluña a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. Desde luego, esto es inconstitucional, dado que la ley ya se había declarado como tal; pero no se puede decir, a mi juicio, que esta sea una declaración de independencia cuando, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha manifestado que estas propuestas de indirizzo político no vinculan jurídicamente a ningún Poder estatal o autonómico, sino que simplemente son propuestas políticas y el no cumplimiento de éstas acarrea ese tipo de responsabilidades, nunca jurídicas. No hay, por tanto, una declaración solemne de independencia por parte del Parlament ni se promulga ninguna norma que lo haga.

Por último, y quizás lo más grave. Se argumenta que existe riesgo de fuga de los querellados debido a su poder adquisitivo y riesgo de destrucción de pruebas que ponga en riesgo el proceso. Me surgen varias preguntas. La primera: ¿cómo se puede sostener que existe riesgo de fuga cuando las personas que fueron a declarar a la Audiencia Nacional lo hicieron por su propia voluntad y existen otras que no acudieron? ¿No existen otras medidas menos lesivas, como la retirada de pasaporte, para que estas personas no puedan sustraerse a la acción de la justicia? ¿Unas personas que están vigiladas las 24 horas por los medios de comunicación tienen tan fácil huir? Sobre la destrucción de pruebas: si ya se está aplicando el artículo 155 de la Constitución y el propio Gobierno español ha dicho que no se había ofrecido resistencia por el Govern y ninguno de sus miembros se encuentran en sus anteriores responsabilidades, ¿cómo se pueden destruir pruebas? ¿No existen ya pruebas suficientes de que los independentistas no han cumplido los dictámenes del Tribunal Constitucional?

En definitiva, aunque esta sea una decisión de la justicia, sorprende que no se hayan tomado las mismas providencias para con los miembros de la Mesa del Parlament (que enjuicia el Tribunal Supremo). Políticamente no es muy sensato, dado que no hace sino fomentar un mayor apoyo a su causa que no vendrá nada bien para aquellos partidos que defienden la permanencia de Cataluña en España en las elecciones autonómicas de finales de diciembre. 

Pero, en todo caso, y para concluir, lo que es más preocupante es que organizaciones que protegen los Derechos Humanos como Amnistía Internacional hayan puesto su mirada en nuestro país para denunciar que dichas medidas son desproporcionadas y “constituyen restricciones excesivas en su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Solamente este hecho debería hacernos reflexionar sobre lo que está ocurriendo actualmente.


lunes, 2 de octubre de 2017

La errada táctica del independentismo catalán

(Artículo publicado en La Voz del Sur el 1-X-2017)

“Españolito que vienes al mundo te guarde Dios”. Estrofas de un andaluz, versionadas por un cantautor catalán. La mejor expresión de la riqueza cultural de los distintos pueblos que conforman nuestro país.
La II República logró conciliar las aspiraciones de los nacionalismos periféricos a través del llamado Estado integral, en el que se basó nuestro Estado autonómico de 1978. Sin embargo, el pacto constituyente de la Transición se ha roto en una parte del territorio.
Estoy firmemente convencido de que la mayoría de catalanes no quiere la independencia de España. Pero estoy más seguro aún de que sí que quieren poder mostrar sus preferencias a través de un referéndum. Probablemente la táctica del Gobierno de España no haya sido ni sea la mejor, pero la del independentismo catalán tampoco lo es.
No cabe duda de que el referéndum de este domingo (si se le puede llamar así) es no solo inconstitucional, sino también ilegítimo. Han sido los Grupos Parlamentarios nacionalistas (Junts per Sí y CUP), que cuentan con mayoría absoluta de escaños en el Parlament, pero no en número de votos, los que se han encargado de ello. Democracia no consiste sólo en votar, sino en respetar las reglas del Estado de Derecho y, sobre todo, los derechos de las minorías.
En España hemos vivido etapas de mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados donde toda la oposición criticaba el rodillo de los partidos políticos que apoyaban al Gobierno en sede parlamentaria. Críticas provenientes, precisamente, de partidos que no han sabido respetar a las minorías parlamentarias en su propia nación. No se puede “debatir” una ley en un solo día sin conocer previamente su texto e impidiendo a la oposición hacer enmiendas para poder mejorarlo. Desde luego, más allá de su inconstitucionalidad, las leyes que son base para el posible referéndum de este domingo tienen un vicio de legitimidad manifiesto que explicó perfectamente Coscubiela (que defiende el derecho a decidir) en su intervención en el Parlament.
Estamos escuchando constantemente que es imposible poder celebrar cualquier tipo de referéndum en Cataluña en el que se pueda preguntar a su población sobre su futuro. Sin embargo, niego la mayor. Existen fórmulas que posibilitan su realización dentro del marco constitucional de nuestro Estado.
El artículo 166 de nuestra Constitución permite a los Parlamentos Autonómicos proponer una reforma de la Constitución, que posteriormente se deberá someter a aprobación en las Cortes Generales. La Generalitat de Cataluña podría haber realizado esa propuesta en el Parlament, donde se sometiera a debate el derecho a decidir para la posible independencia de Cataluña. Una vez aprobada por los cauces establecidos (probablemente saliera adelante, si tenemos en cuenta que los Grupos Parlamentarios favorables a un referéndum pactado tienen mayoría cualificada en la Cámara), antes de elevarla a las Cortes Generales, podría haber solicitado al Gobierno de España la autorización para realizar un referéndum sobre esta propuesta de reforma constitucional para revestirla, así, de mayor legitimidad democrática –siempre que votasen a favor de ella una mayoría de catalanes-.
En ningún caso se puede someter a referéndum de manera unilateral por parte de un Gobierno autonómico cualquier decisión de especial trascendencia, dado que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la celebración de este tipo de consultas populares. Pero, ¿qué argumentos podría haber dado el Gobierno de España para impedir un referéndum totalmente legítimo y legal que solicita un Gobierno autonómico, en este caso el catalán, para someter a consulta algo de lo que es competente el Parlament? Si se negase es muy probable que los partidos nacionalistas hubieran obtenido aún más apoyo popular.
Quizás la táctica de los independentistas catalanes sea otra y prefieran una vía de insurrección que no hace más que polarizar aún más a la sociedad catalana, algo que no hace ningún bien a nadie. Excepto al Gobierno del PP, el más corrupto de la historia de España, porque, ante momentos de inestabilidad y de –esperemos que no- violencia, siempre se va a preferir la opción más conservadora, a pesar de su manifiesta incapacidad para ofrecer soluciones distintas al enquistamiento de los problemas.
En todo caso, tanto el Gobierno catalán como el español son incapaces de ceder un ápice en sus aspiraciones y, ya no digamos, de poner el diálogo y la política por encima de sus intereses personales. Es lo que está pidiendo a voces el pueblo catalán y, también, el resto de pueblo español. Finalmente, y focalizándonos en este domingo, es necesario llamar a llamar a la calma, el sosiego y la proporcionalidad. ¿Se respetará?

El tío Luis

(Artículo publicado en Último Cero el 23-VI-2016)

El siguiente artículo es la transcripción del discurso que realicé en el acto de la candidatura de Unidos Podemos el sábado 18 de junio en la plaza de la Universidad, junto a Juan Carlos Monedero, Irene Montero, Pablo Fernández, Juanma del Olmo y Rocío Anguita.
“Hoy quiero homenajear a mi tío Luis y a todas aquellas personas que como él, castellanas y leonesas, apostaron por su tierra y que nunca la abandonaron. Estaba enamorado de su pueblo, Guardo, municipio minero de la Montaña Palentina, una comarca que ha sido de las más castigadas, no sólo por la crisis económica, sino por la despoblación y el exilio económico. El decidió batallar y poder labrarse un futuro allí. De cuatro hermanos, tan sólo dos pudieron quedarse en Guardo, uno de ellos era Luis, los otros dos se vieron obligados a emigrar para poder tener un trabajo digno.
Mi tío ha sido una de tantas personas en este país que comenzó a trabajar muy joven, a los 18 años, porque su familia, como tantas otras, no se podía permitir pagar un estudio a cada uno de sus hijos. El arrimó el hombro y ayudó a costear las carreras universitarias de cada uno de sus hermanos. Comenzó, como cualquier joven, detrás de la barra de un bar, y luego montó su propio negocio.
Mi tío era trabajador del hierro. Ha sido uno de esos autónomos que tanto les ha costado sacar su trabajo adelante. Se dedicaba, junto a su hijo, a hacer esculturas y muebles de cerámica y forja. Él era el quien abría las puertas de su taller a las nueve de la mañana y las cerraba a las nueve de la noche.
Mi tío fue uno de esos trabajadores y trabajadoras con empleos tan duros físicamente, que no le han dado ni siquiera la oportunidad de disfrutar de la pensión que tanto ansiaba en el momento de su jubilación. Lo único que tenía en la cabeza era dejar paso a su hijo en un negocio que por fin le estaban empezando a reconocer después de pasar muchos años invirtiendo y pidiendo dinero a los bancos para poder salir adelante porque, de otra forma, era imposible que pudieran pagar, tan solo, los costes de producción.
Mi tío era una de esas personas que, a pesar de haber cotizado casi 40 años a la Seguridad Social, nuestro país no le dio la oportunidad de disfrutar de su tan merecida pensión. Efectivamente, estaba pensando en la jubilación porque, como tantos autónomos y autónomas, tenía una lesión en la espalda que le obligaba a estar de baja sin ningún tipo de prestación a cambio. Y, aunque pensara en la jubilación, se quería jubilar con iniciativas, y quería regentar una pequeña casa rural, apostando de nuevo por su comarca, la Montaña Palentina, para poder tener unos ingresos superiores que le permitieran vivir dignamente junto con la pensión tan raquítica que le iba a quedar por jubilarse a los 60 años a pesar de haber cotizado más de 40.
Mi tío ha sido una de esas personas que, a pesar de que nuestro país le debía un descanso, no le han permitido disfrutarlo. Mi tío falleció el pasado sábado a los 56 años de edad. Hace una semana tuvo un infarto que fue como el disparo de una bala directo a su corazón.
Por desgracia, la comarca de Guardo, de unos 15.000 habitantes, a pesar de que el Gobierno de la Junta, del mismo color que el del Ayuntamiento, lo lleva años prometiendo, aún no cuenta con una UVI móvil. Esa UVI móvil se tuvo que trasladar desde Palencia, a más de una hora de distancia, y llegó demasiado tarde. Los profesionales del centro de salud lograron reanimarlo y los médicos de cardiología del hospital Clínico de Valladolid hicieron todo lo posible por traerlo de nuevo con nosotros, pero su cuerpo no pudo recomponerse de esa bala perdida del destino que cayó en el corazón de mi tío Luis.
Pero hoy no sólo quiero homenajear al tío Luis, sino a todos esos Luises, Fernandos, Marías, Lucías, Arturos, Elenas, a todas esas personas que, como a mi tío, nuestro país les debe un reconocimiento que nunca han tenido. Independientemente de ideologías y de propuestas políticas, no puede ser que la gente que viva en nuestros pueblos lo haga con miedo a sufrir una enfermedad y que una UVI móvil no llegue a tiempo y pierdan la vida de camino al hospital; no puede ser que nuestros autónomos y autónomas no tengan una seguridad social que les permita vivir dignamente, como el resto de trabajadores y trabajadoras; no puede ser que los trabajadores y trabajadoras, que tanto han hecho por el país y que tantos años han cotizado, no puedan disfrutar de una jubilación digna porque, directamente, se mueren antes de poder hacerlo.
Sirva de ejemplo el de mi tío para homenajear a todas aquellas personas que permiten que este país salga adelante, que es toda aquella gente trabajadora que sigue abriendo las persianas de sus negocios a las nueve de la mañana o que acude a su puesto de trabajo de ocho horas diarias donde cobran 600€ a final de mes para poder pagar la universidad de sus hijos, a pesar de los efectos de esta crisis económica tan devastadora, generada por la especulación y por la avaricia de aquellos que quieren destrozarnos como humanidad, que quieren sesgarnos la vida a golpe de reformas, que quieren martillarnos como a clavos en la pared del paro.
Ni el tío Luis ni ninguna otra persona se merece que vivamos más con miedo por no tener una UVI móvil cerca de nosotros que nos traslade al hospital, por no tener cobertura en la seguridad social en caso de que nos pongamos enfermos o por tener que aguantar condiciones leoninas de los bancos para que nos financien nuestros proyectos en vez de tener una banca pública que apueste por la dinamización de unas comarcas, como las mineras, que han sido descuartizadas debido a las políticas de los Gobiernos que nos han precedido. Mi tío Luis, por desgracia, ha sido una víctima más del sistema que hemos tenido hasta ahora.
A toda esta gente nos debemos, a la mayoría social de este país. Porque lo único que pretendemos es poner nuestro granito de arena para hacer la vida de la mayoría de la gente un poquito más sencilla y, sobre todo, hacerla más digna. Porque lo único que queremos es que, por fin, tengamos un Gobierno que haga políticas para su gente. Porque nuestros pueblos se merecen una UVI móvil, nuestros trabajadores y autónomos se merecen ser tratados con dignidad y nos merecemos una jubilación cuando nuestro cuerpo ya diga basta y no da para más.
Yo no estoy dispuesto a que haya ninguna víctima más de este sistema. Y por eso he asumido esta responsabilidad, que considero histórica, que es la de poder representar los intereses de la ciudadanía española, de la ciudadanía vallisoletana en este caso, en el Senado. Porque quiero poner mi granito de arena para poder hacer un poquito más fácil la vida a las personas que tan mal lo están pasando y que tanto se merecen que, por fin, las tratemos con dignidad. En el Senado, como la verdadera Cámara de representación territorial que ha de ser, precisamente, buscamos eso: la igualdad de oportunidades en todos los territorios, especialmente en el mundo rural, evitar la despoblación; hacer del derecho a la vivienda digna un derecho fundamental. Sin el Senado, esto, es imposible, y por eso es tan importante votar no solo al Congreso sino también a los tres candidatos de Unidos Podemos al Senado.
En las próximas elecciones, diremos a aquellos que tan mal nos lo han hecho pasar que nunca más un país sin su gente; y que no tienen derecho a que sigamos viviendo con miedo, porque ese miedo, se ha transformado en esperanza de cambio que el 26 de junio, por fin, llegará a las instituciones”.

Las inconstitucionalidades de los constitucionalistas

(Artículo publicado en Último Cero el 16-IX-2017).

No me refiero con este titular a los estudiosos del Derecho Constitucional, sino a aquellos que se están erigiendo en estos días como defensores de la Constitución y que, con sus actos, no hacen sino atentar gravemente contra sus disposiciones. Si lo anterior es grave, como ocurrió hace ya unos días en el Parlament de Cataluña, donde la mayoría parlamentaria arrodilló a una minoría, recordando el peor pasado de las mayorías absolutas del PP en España, a las que tanto estábamos acostumbrados en Castilla y León y a las que tanto critican ERC o la antigua CiU; es más grave aún si procede del Poder Judicial.
Eso es lo que ha sucedido con el auto dictado por el juez José Yusty Bastarreche que suspendía un acto que se iba a celebrar en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid en favor del derecho a decidir.
Llama poderosamente la atención leer el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que afirma, entre sus fundamentos de derecho, que “el uso del local municipal constituye un acto de apoyo” a la ley que hace de sustento al referéndum, suspendida, efectivamente, por el Tribunal Constitucional; que tal cesión se dirige “contra el orden constitucional” o que lo anterior “atenta contra los intereses generales” porque es contrario a la unidad de España.
Parece mentira poder encontrar enunciados de esta categoría por parte de un juez en España, que debe conocer –y estoy seguro de que conoce- el ordenamiento jurídico y constitucional español a la perfección. Quizás podrá sonar menos raro si tenemos en cuenta que este juez es conocido por sus manifestaciones ultraderechistas y sus críticas al independentismo y a otras leyes emanadas de las Cortes Generales, como la Ley de la Memoria Histórica. Parece, en este caso, que este juez, más bien, estuviera intentando usar su posición en el Poder Judicial para hacer política en vez de aplicar las leyes, lo que constituiría un claro acto de prevaricación.
No se puede entender cómo este juez desoye la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Precisamente, al hilo del proceso catalán que estamos viviendo, la sentencia 42/2014, que declaraba inconstitucional parcialmente la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, decía, a la vez, sobre el derecho a decidir lo siguiente: “no aparece (el derecho a decidir)proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el derecho a decidir”. Es decir, las alusiones hechas a este derecho no son inconstitucionales en tanto en cuanto son una aspiración legítima, siempre y cuando se consiga mediante los cauces constitucionales establecidos el efecto.
¿Se imaginan la suspensión por parte de un juez de un acto del PSOE donde defienda un Estado federal porque la Constitución no dice que somos un Estado de este tipo? ¿O uno del PP donde se defienda una vuelta a la centralización del Estado y acabar con el Estado de las autonomías? Probablemente no. Y es que pronunciamientos como el de este Juzgado madrileño no tienen cabida en nuestra democracia porque, a diferencia de otras, no somos una democracia militante. Esto quiere decir que toda disposición establecida en la Constitución se puede modificar a través de cualquiera de sus dos procedimientos, ya sea el agravado del artículo 168, previsto para el Título Preliminar, derechos fundamentales o la Corona, o el del artículo 167. En otros países, como Italia, hay algunas partes de la Constitución irreformables, como la forma republicana de gobierno. Ello permite que en España puedan existir partidos que defiendan una reforma constitucional o un proceso constituyente.
Este juez no se ha dado cuenta de que, quizás, con pronunciamientos así, que constituyen claramente una censura previa, algo constitucionalmente prohibido, puede que les esté haciendo un flaco favor a aquellos que han intentado silenciar a la oposición en el Parlament, que son los independentistas catalanes.
Cada vez estoy más convencido de que la única forma de solución política del conflicto catalán es un referéndum constitucional, legal y pactado. La Constitución nos otorga instrumentos para ello, como el artículo 92 o la competencia de las Comunidades Autónomas para proponer una reforma constitucional, tal y como han sostenido constitucionalistas tan autorizados como Rubio Llorente, al que tanto echamos de menos. Mientras tanto, el inmovilismo de ambos bandos no conduce a otra cosa que una mayor politización de un órgano, ya de por sí, muy deslegitimado en Cataluña tras la sentencia 31/2010 sobre el Estatut, como es el Tribunal Constitucional; y a la vergüenza ajena de ver cómo policías entran en imprentas para tratar de investigar si allí se están imprimiendo papeletas para un supuesto referéndum.
Mientras tanto, el problema catalán sirve para que no se hable de otra cosa, que no se dé importancia a que el juzgado donde se encontraban miles de pruebas que atestiguaban la corrupción del PP en Valencia se quemara misteriosamente hace muy poco, ni que tampoco se hable de la corrupción de la derecha nacionalista catalana y el empobrecimiento de la mayoría social de ciudadanos catalanes durante los años de crisis. “Marca España” en toda regla.
La actual situación les beneficia políticamente tanto a unos en Barcelona como a otros en Madrid. Pero ya es hora de que los políticos se pongan manos a la obra, se dejen de puro teatro y hagan lo que los electores les han encomendado: política. Ello consiste en sentarse e intentar solucionar un problema difícil. No todo es blanco o negro en este conflicto. Debemos construir un país donde todos tengamos cabida y se reconozcan todas las identidades, donde nos sintamos orgullosos de pertenecer a una patria común, a una nación de naciones, plural, rica y diversa.

El ET del siglo XXI

(artículo publicado en Último Cero el 20-VI-2017). 

Cojo prestado este título de Ignacio Lago, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, que escribió el pasado domingo en El País un magnífico artículo sobre el debate del Estado de las autonomías. En él mantenía que la excepcional película de Spielberg fue eso, un magnífico filme en su momento, pero que el mismo director, seguro, la haría de una forma distinta en la actualidad.
Lo mismo pasa con nuestra Constitución. El 15 de junio se conmemoró el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la II República en España. Fue un momento de esplendor en nuestra historia reciente, en el cual logramos, tan sólo un año y pocos meses después de la muerte del dictador, que se pudieran celebrar en nuestro país unas elecciones limpias con el máximo rigor democrático.
De esas elecciones salieron unas Cortes Generales que redactaron la vigente Constitución de 1978, votada por el pueblo español en referéndum, que ha permitido que vivamos el mayor período de convivencia democrática de nuestra historia.
Es interesante recordar algunas características de nuestro proceso constituyente que, quizás, sobre todo la generación a la que pertenezco, nos hayamos olvidado o, directamente, no conozcamos.
Aunque –es una obviedad- el régimen en el que vivimos sea otro totalmente distinto, nada parecido, a la atroz dictadura que vivieron los españoles con anterioridad, también es cierto que no hubo una desconexión con la etapa anterior. De hecho, el único halo de continuidad con el régimen legítimo de la II República fue el pacto Suárez-Tarradellas por el cual se permitió a este último que volviera como Presidente de la Generalitat en el exilio, algo que trajo como consecuencia que Cataluña pudiera tener, casi en la práctica, una Administración y singularidad propia antes incluso de la aprobación de su Estatuto de Autonomía. Y ello –esto está bien recordarlo ahora que se habla tanto del procés- lo hizo el entonces Presidente del Gobierno de España para evitar que el PSC y el PSUC, claros vencedores de las elecciones con un 28,5% y un 18,3% de los votos respectivamente, muy lejos del 16,8% del Pacte Democràtic per Catalunya (encabezado por Pujol, por detrás, incluso, de la UCD, con un 16,9%) y del 4,7% de ERC, pudieran encabezar posteriormente un Gobierno de izquierdas. Ello hizo posible que los nacionalistas catalanes tuvieran un peso mayor en la posterior negociación de la Constitución española.
Sin embargo, como decía, las elecciones se llevaron a cabo gracias a la última de las Leyes Fundamentales aprobadas por las Cortes franquistas: la Ley para la Reforma Política. Una Ley que estableció muchas de las bases, sobre todo en lo que a materia electoral se refiere, vigentes hoy en día. Gracias a ella las Cortes Generales fueron bicamerales y, junto con el Decreto-Ley de 14 de marzo de 1977, se estableció la circunscripción provincial, la fórmula electoral mayoritaria para garantizar un Senado de mayoría conservadora y la fórmula electoral D’Hondt para el Congreso de los Diputados. Muchas decisiones importantes que no se negociaron con una oposición todavía ilegalizada, motivo por el cual el PSOE y el PCE pidieron la abstención en el referéndum que aprobó, finalmente, la Ley para la Reforma Política.
Por este motivo se dice que el proceso constituyente que dio a luz la Constitución de 1978 es un proceso sui generis. La mayoría de este tipo de procesos (pongamos como ejemplo el de nuestro país vecino, Portugal, con la Revolución de los claveles) se realizan a partir de una desconexión con el régimen anterior. Las elecciones convocadas son, expresamente, para unas Cortes Constituyentes, con el único cometido de elaborar una Constitución en el tiempo suficiente, en el cual se nombra a un Gobierno provisional que sea quien resuelva las cuestiones de despacho ordinarias del país.
Lo anterior no sucedió en España. Las Cortes Generales se autoproclamaron constituyentes, pero no tuvieron ese único cometido y, desde luego, no se nombró a un Gobierno provisional. Se aprobaron leyes como la de Amnistía, que, aunque permitió la “reconciliación” de las dos Españas enfrentadas durante la Guerra Civil, es la causa de que año tras año los informes en materia de Derechos Humanos de la ONU nos llamen la atención porque el reino de España no cuenta con una justicia reparadora que garantice la asistencia de las víctimas del Franquismo.
En todo caso, estas primeras Cortes Generales, junto con la totalidad del pueblo español, consiguieron una Constitución democrática avanzada, similar a las de nuestro entorno, aunque menos progresista que la republicana de 1931 en algunos aspectos, como la aconfesionalidad del Estado. Es algo que debemos celebrar y por lo que debemos dar las gracias a nuestras anteriores generaciones, aquellas que lucharon por la democracia y que dieron sus vidas por ella. Por mucho que se diga lo contrario, los más jóvenes no nos olvidamos de tan heroico cometido.
Pero vivimos otra época. La Constitución de 1978 fue una obra colectiva excepcional. Ahora los tiempos son otros y, probablemente, si se celebraran unas Cortes Constituyentes iguales que las de 1978, el texto constitucional sería totalmente distinto. Es necesario reformar las previsiones sobre el Estado de las autonomías, que únicamente establecen normas procedimentales encaminadas para la creación de las Comunidades Autónomas; revisar el Senado para que, verdaderamente, se convierta en una Cámara de integración territorial que reconozca todas las singularidades de nuestras naciones y regiones; modificar el modelo de bienestar social y que derechos tan importantes como la sanidad pasen a estar entre los más protegidos por la Constitución, que sean derechos fundamentales de verdad; o, cómo no, replantearnos nuestra forma de gobierno, esto es, la Monarquía Parlamentaria. Cierro de la misma manera que Ignacio Lago el pasado domingo: ya nos toca ver el ET del siglo XXI. 

La responsabilidad euroespañola en el expolio de recursos del Sáhara Occidental

(artículo publicado en La Voz del Sur el 18-IV-2017)

Durante los pasados 12, 13 y 14 y de abril tuve la oportunidad de participar como ponente en la I Conferencia Internacional de Jóvenes y Estudiantes en Apoyo al Pueblo Saharaui, organizada por la UESARIO (Unión de Estudiantes de Saguia el Hamra y Reio de Oro) en el campamento de refugiados de Dajla.  En ella se trató, principalmente, el expolio de los recursos del territorio del Sáhara Occidental, último territorio pendiente de descolonización en África, del que España es responsable jurídicamente desde el punto de vista del Derecho Internacional como potencia colonizadora de dicho espacio.
En estos días expliqué la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su última sentencia de 21 de diciembre de 2016 que, aunque no otorgue la razón al Frente Polisario (que pretendía anular la Decisión por la cual se aprobaba el conocido como Acuerdo de Pesca entre Marruecos y la UE), sí que da una victoria al pueblo saharaui en todos los términos.
Dicha resolución explica que la UE, en todo caso, en la firma de cualquier acuerdo internacional, ha de tener en cuenta los principios previstos en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. En concreto, entre otros, analiza que no se puede dejar de contar con el principio de autodeterminación de los pueblos para valorar la legalidad o ilegalidad de dicho Acuerdo euromediterráneo. El Poder Judicial europeo recuerda a los Estados y las demás instituciones comunitarias que nunca se ha reconocido ningún tipo de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, dado que tanto la ONU como la Corte Internacional de Justicia ya declararon en su día que este era un territorio no autónomo pendiente de descolonizar y el Estado responsable para hacerlo era España.

Andrés Dueñas durante su intervención.
Asimismo, explica que, según el principio de efecto relativo de los Tratados, los Tratados no deben perjudicar ni beneficiar a terceros sin su consentimiento. El único representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido incluso por Marruecos para cualquier tipo de negociación, es el Frente Polisario (como también examina el propio Tribunal) y éste, en ningún caso, ha prestado su consentimiento con la UE para que ningún tipo de acuerdo se pueda aplicar al Sáhara Occidental, que es un territorio tercero, sobre el que Marruecos no tienen ningún tipo de poder legítimo, aunque actualmente ejerza una ocupación militar sobre el mismo.
Por estas razones, entre otras, la máxima instancia judicial comunitaria determina que dicho Acuerdo entre la UE y Marruecos en ningún caso se puede aplicar al Sáhara Occidental.
Esta determinación formulada por una de las instituciones más importantes de la UE seguro que tendrá consecuencia en el futuro, que aún son difíciles de descifrar. Para comenzar, ningún producto proveniente del Sáhara Occidental con etiqueta marroquí podría desembarcar en cualquier Estado europeo, aunque ello ya ha ocurrido en Francia. Ante estos hechos, la justicia siempre es lenta, pero al Frente Polisario le queda la opción de solicitar a la Comisión Europea que, dado el caso, interponga un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para obligar a los Estados miembros a que cumplan lo dispuesto en la sentencia y los sancionen en caso de que no fuera así.

Se abre, de esta forma, una ventana de oportunidad para la solución diplomática de un conflicto que ya dura demasiado, más de cuarenta años, y que, de alargarse mucho más, es probable que el pueblo saharaui tome otras decisiones fuera de la diplomacia como consecuencia de su hartazgo, de las que sería responsable la comunidad internacional que ha permanecido impasible ante la violación permanente de Derechos Humanos del reino alauí contra la población saharaui.